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martes, octubre 3, 2023

Agrupaciones de Detenidos Desaparecidos de la región de Coquimbo valoran Plan Nacional de Búsqueda impulsado por el Gobierno

La iniciativa que fue lanzada este miércoles busca trazar la ruta de la desaparición de las víctimas, colaborar con las investigaciones judiciales y ayudar a configurar la memoria y la garantía de no repetición, sin perjuicio del establecimiento de responsabilidades penales.

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“Con esta política pública nos hacemos cargo como Estado, no sólo como Gobierno, de hacer todo lo que esté a nuestro alcance e ir corriendo las barreras de lo posible”, expresó este miércoles el Presidente de la República, Gabriel Boric, tras firmar el decreto que transforma el Plan Nacional de Búsqueda Verdad y Justicia en una política pública permanente.

En este contexto, ante la presencia de familiares, amigos, autoridades regionales y organizaciones sociales se realizó un emotivo acto de conmemoración del Día de la Detenida y Detenido Desaparecido, una ceremonia marcada por la historia y testimonios de la lucha que por 50 años han llevado adelante las agrupaciones de Derechos Humanos.

Ana Merino, Presidenta de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos de la Región de Coquimbo indicó que este hito les da fuerzas para seguir luchando:

En tanto, Tarcila Piña, Jefa Regional del Instituto Nacional de Derechos Humanos, manifestó que estarán atentos al contenido y políticas publicas respecto a la iniciativa:

Cabe mencionar que es la primera vez que el Estado de Chile se compromete a realizar una coordinación intersectorial para la búsqueda de la verdad, de la justicia, de la memoria, de la reparación y de la garantía de no repetición.

Por su parte, el Delegado Presidencial Regional, Rubén Quezada, remarcó que es muy importante trabajar en una política seria enfocada en este periodo del país:

Cabe destacar que este plan tendrá una gobernanza permanente y un presupuesto asignado, por lo que existirá como un instrumento de política pública que deberá ser implementado, ejecutado y respetado por todo gobierno.

No obstante, se considera que se debe hacer otro esfuerzo para contar con el registro más preciso posible de la cantidad de personas que fueron víctimas directas de la represión.

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