El dispositivo nace a partir de la alta demanda de prestaciones socio jurídicas en materia de prevención y atención de las violencias de género por parte de mujeres y disidencias del territorio.
Los recursos sectoriales se triplicaron, por primera vez en la historia de la región, y ello conlleva a un incremento de las y los beneficiarios, otorgando apoyo a 1.338 personas y 50 organizaciones sociales.