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Son más de 500 millones de déficit en los recursos de Subvención Escolar Preferencial que no se declararon en la administración anterior.

Con relación al informe de la Contraloría Regional de Antofagasta y la auditoría que se realizó a los recursos de Subvención Escolar Preferencial (SEP) de la Corporación, se determinó que hay varios déficit y servicios improcedentes que se ejecutaron en la administración anterior, en la que no existen respaldos de compras o servicios que se hayan adquirido con los fondos anteriormente mencionados, situación que sobrepasa los 600 millones y que afecta directamente al patrimonio de la corporación y de sus establecimientos educacionales.

Sobre esta situación, el Director Ejecutivo de Comdes, Humberto Arraya, indicó que no les han dado una justificación ante esta problemática, “nos encontramos otra vez con unas irregularidades tremendas, con una deuda de 309 millones de pesos que están sin justificar y que vienen de bastantes años atrás. Sobre eso no hay argumentos, en el año 2020, no respondieron sobre esta situación y nosotros hemos estado buscando las formas para responder, nos dan 60 días para responder sobre estos recursos que no han sido acreditados. La ley 20.248 dice claramente que es para nuestros alumnos prioritarios y preferentes, es decir, son para nuestros alumnos que más lo necesitan en nuestra ciudad, pero irresponsablemente la administración anterior no tomó carta en el asunto de las situaciones que estaba pasando”.

El déficit desglosado son 309 millones que tienen que ver con los recursos SEP durante el año 2020 y que no se ha podido justificar por la falta de documentación sobre estos hechos. Además, la contratación de servicios de publicidad a la Sociedad Radiodifusora ARPIS por un monto de 54 millones aproximadamente, como también la adquisición de mesas y sillas por un monto de 13 millones, entendiendo que los recursos SEP no admiten la compra de estos inmobiliarios.

Por otra parte, el jefe del Departamento Jurídico de Comdes, Francisco Garrote, comentó sobre esta situación, “el mismo informe ha determinado que estos 300 millones serán derivados al Ministerio Público para que determine si hay alguna clasificación legal respecto al hecho ponible sobre los responsables en relación con los recursos que se han gastado, como la difusión, la compra de mobiliarios y otras situaciones que se han utilizado para fines que no son pertinentes, se han saltado todos los conductos regulares, han aparecido contratistas que no están regularizados y que nos ponen en una situación bastante compleja, nosotros como Departamento Jurídico hemos instruido dos investigaciones internas dentro de la Corporación producto de estas irregularidades administrativas, de estos contratos y ahora con este informe final de la contraloría vamos a instruir una nueva investigación para poder cerrar el proceso y con eso, tener todos los antecedentes necesarios”.

Finalmente, se suma los 1.189 bienes a alumnos y trabajadores de los establecimientos educacionales por un monto de 230 millones y que no se acredita la ubicación física respectiva de estos bienes y que verificó contraloría en una de las visitas que realizó a las dependencias educacionales, como también, se adhieren otras situaciones que la directiva de Comdes ha denunciado como la pérdida de la subvención pro-retención por no hacer el formulario de solicitud a tiempo, negociaciones colectivas multimillonarias, como también pérdidas importantes en el área de salud.

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