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La profesional y su cliente permitieron un fraude procesal y la afectación al patrimonio del fisco.

La Fiscalía de Atacama formalizó durante este martes y miércoles la investigación penal en contra de una conocida abogada de Copiapó y Tierra Amarilla y un segundo imputado, quien era su cliente, por delitos de estafa, falsificación y uso malicioso de instrumento público y desacato a una resolución judicial; por hechos ocurridos en el marco de una investigación vigente que se indaga con motivo de la creación de la Corporación Municipal de Fomento al Desarrollo Comunal, Cultural y Productivo (Cordeta) en Tierra Amarilla.

Los argumentos del Ministerio Público fueron expuestos en audiencia por los fiscales de Copiapó, Christian González y Pedro Pablo Orellana, quienes indicaron que a partir de una causa vigente por el delito de fraude al fisco en que fue formalizada la persona jurídica Likar Spa, de propiedad del imputado Javier Salgado, luego de detectarse beneficios irregulares otorgados por dicha empresa hacia las cuentas personales de quienes detentaban los cargos de alcalde y administrador municipal de Tierra Amarilla a la época de los hechos, con fecha 17 de enero de 2020 la Fiscalía de Atacama solicitó y obtuvo, por parte del Juzgado de Garantía de Copiapó, la retención de 121 millones 8 mil 780 pesos que estaban en poder del mencionado municipio y que éste adeudaba a la empresa Likar Spa por concepto de pago del “Proyecto de instalación de viviendas prefabricadas de varios sectores de Tierra Amarilla”. 

De acuerdo a los antecedentes que se hicieron públicos en esta audiencia de formalización, ambos imputados, además de un tercero que no se presentó por temas de salud , idearon un plan destinado a recuperar el monto de dinero retenido por resolución judicial a partir de la simulación de una supuesta deuda y el desarrollo de un juicio ejecutivo paralelo en que, además, se presentó una escritura pública falsa la cual fue redactada por la abogada imputada. 

Es por esta razón que los fiscales González y Orellana comunicaron a los imputados que están siendo investigados que solicitaron al Tribunal aplicar, en contra de ambos, su prisión preventiva la cual fue acogida según así lo informó el fiscal Christian González. 

 

Luego del debate jurídico respectivo dicha medida cautelar fue acogida y decretada por el Juez de Garantía de turno, por considerar que las personas imputadas son un peligro para la seguridad de la sociedad fijándose un plazo de 6 meses para el desarrollo de la investigación y las diligencias respectivas en este caso. Ordenando su ingreso a la cárcel de la capital regional y decretando orden de detención para ambos, para que sean aprehendidos y trasladados para el cumplimiento de la prisión preventiva.

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