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El recurso de amparo presentado en contra de la PDI por parte de una persona y su sobrino fue acogido por la Sala Extraordinaria de la Corte Suprema de La Serena.

La acción apuntó a la realización de control de identidad irregular realizado por personal policial en contra del recurrente y un menor de edad en la localidad de Quilimarí, en la comuna de Los Vilos y la posterior vigilancia de su domicilio y desplazamientos ocurridos en abril.

La ministra Caroline Turner señaló que se acogió la acción constitucional, tras establecer que el informe no indica que los funcionarios policiales estuvieran autorizados para realizar un control de identidad al amparado.

Turner  agregó que proceder desplegado por los funcionarios de la PDI se realizó al margen de la normativa legal, teniendo presente además que no sólo el recurrente fue trasladado al cuartel policial, ya que un menor de edad que lo acompañaba también fue llevado a dicho lugar

Caroline Turner agregó que, respecto a los hostigamientos denunciados, no se pudo acreditar, ya que no se tuvo acceso a la información relacionada con quiénes fueron sus autores ante la negativa de la PDI a proporcionar tales datos.

La resolución ordena a la PDI a abstenerse de realizar nuevos atentados en contra de las garantías constitucionales del amparado, debiendo proporcionar, en un plazo no superior a cinco días a contar de la fecha de notificación de la presente resolución, la individualización completa de los funcionarios policiales que intervinieron en el procedimiento policial llevado a cabo el once de abril del año en curso.

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