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El proyecto de ley surge a propósito de la comunicación telefónica que reveló la PDI entre la ex ministra de Desarrollo Social y  el líder de la CAM.

A raíz de la polémica que surgió al interior del Gobierno, luego de que la Policía de Investigaciones (PDI) revelara que la ahora ex ministra de Desarrollo Social, Jeanette Vega, había mantenido contacto telefónico con el líder de la Coordinadora Arauco Malleco (CAM), Héctor Llaitul, lo que llevó a la renuncia de Vega y que  algunos personeros políticos pidieran investigar si hay más ministros de Estado que tengan vínculos con este tipo de organizaciones. En este sentido, la parlamentaria Carla Morales, propuso un proyecto de ley para permitir abrir el secreto bancario a todos los funcionarios públicos que tengan algún tipo de relación con el narcoterrorismo y la desvinculación inmediata si estos vínculos se comprueban.

“A partir de la gravísima situación que ocurrió con la ex ministra Vega, creemos que es necesario que se pueda establecer si hay más funcionarios de Gobierno que mantengan relación con estas agrupaciones criminales. Es por eso, que hemos presentado esta iniciativa, con el objetivo de que se pueda realizar  una revisión amplia de sus antecedentes y levantar el secreto bancario”, precisó Morales.

En el proyecto se detalla que “se prohíbe toda vinculación con personas relacionadas con el tráfico, narcotráfico, terrorismo, especialmente, a los empleados públicos, autoridades políticas, miembros del poder judicial, parlamentarios y, en general, quienes ejerzan cargos de elección popular. Además, de los  miembros de las Fuerzas Armadas de Orden y Poder Judicial  y personas que en el desempeño de su trabajo manipulen o tengan a su cargo material sensible, tales como: explosivos, químicos o radiactivos”.

Finalmente, se establece que “en todos aquellos casos en que se constate, mediante investigación de detección de vínculos relacionados con tráfico, narcotráfico y terrorismo éste podrá ser suspendido del cargo o función que desempeñe, y deberán ponerse los antecedentes en conocimiento del juez del crimen competente”.

“Necesitamos altos estándares de transparencia en las instituciones del Estado y en el Gobierno, no puede ser que quienes estén a cargos de la conducción de este país o de hacer las leyes mantengan vinculación con organizaciones criminales que tanto mal le hacen al país”, concluyó Morales.

 

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