El monto a modo de reparación llega a los $257.836 pesos en la región.
En las dependencias de la Delegación Presidencial, el delegado (s) Jorge Fernández junto a la Seremi de Gobierno, Sofía Vargas y el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) encabezaron un encuentro junto a víctimas del estallido social en la región de Atacama. Esto, con la finalidad de entregar una pensión de
gracia a modo de reparación luego de haber sido vulnerados en sus Derechos Humanos por agentes del Estado.
El INDH ha trabajado en la recolección de casos y testimonios de víctimas del estallido social del año 2019 con el fin de acreditar vulneraciones en los DD.HH y, de esta manera, conceder una pensión de gracia y de carácter vitalicio que repare,en parte, lo vivido a mano de agentes del estado.
En la oportunidad, el delegado Jorge Fernández indicó que “desde el Ministerio del Interior se han generado los criterios para entregar esta pensión, que consideran tres categorías: víctimas de agresiones físicas víctimas de lesiones graves con afectación psicológica y la tercera comprende a afectados por “trauma ocular
irreversible” o lesiones “gravísimas no oculares”.
Tras el análisis de los casos, se concedieron 16 pensiones a las y los damnificados, en una jornada que sirvió para el diálogo, la reflexión y los acuerdos entre autoridades y los beneficiarios de esta retribución”.
Sofía Vargas, Seremi Vocera de Gobierno, declaró en la actividad que “la vulneración de los Derechos Humanos es algo inconcebible, sobre todo en democracia, lo que vimos en el estallido social es algo que no se puede volver a repetir. Lo que hacemos en esta ceremonia simbólica es la entrega de la documentación a personas que fueron vulneradas durante el estallido social en Atacama, de las cuales alcanzan más de 70 casos que están con seguimiento activo de parte del INDH liderado por Marcia Quezada.
El dinero no va a reponer el daño emocional y físico que sufrieron a causa de la represión por agentes del Estado. Queremos que nunca más vuelvan a pasar este tipo de vulneraciones, apuntar a generar historia y memoria y trabajar junto con las víctimas”.
Jose Manuel Gutierrez, periodista independiente y una de las víctimas, entregó su opinión “creo que esta instancia es un primer paso, pero lo más importante es asegurar que esto nunca más vuelva a suceder, también mejorar el proceso judicial con la toma de declaraciones, nos llaman 15 veces a declarar y no queda registro por lo que el relato se va diluyendo. Esos son temas que se tienen que abordar, yo sé que no van a cambiar de inmediato pero hay que comenzar planteándolo”.
Otra de las afectadas fue Maiten Vega, trabajadora ambulante del centro de Copiapó “(El proceso judicial) fue muy largo, pensé que no me iban a tomar en cuenta, me atendieron después de un año y medio. En cierta forma, siento que mis denuncias han sido escuchadas, creo que con las mesas de reparación que hemos
tenido es que el Gobierno está dispuesto a escuchar a la gente”.
