Tribunal Oral en lo Penal de Copiapó condena a 15 años de presidio a autor de delitos reiterados de abuso sexual de menor de 14 años

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El Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Copiapó condenó a C.H.V.C. a la pena única de 15 años de presidio efectivo, en calidad de autor de delitos consumados y reiterados de abuso sexual de menor de 14 años de edad. Ilícitos perpetrados entre 2017 y 2020, en la comuna de Tierra Amarilla.

En fallo unánime, el tribunal –integrado por los jueces Mauricio Pizarro Díaz (presidente), Alfonso Díaz Cordaro y Eugenio Bastías Sepúlveda (redactor)– aplicó, además, a C.H.V.C. las accesorias legales de inhabilitación absoluta perpetua para cargos y oficios públicos y derechos políticos y la inhabilitación absoluta para profesiones titulares mientras dure la condena.

Según la sentencia, en fechas y horas indeterminadas durante el año 2020, C.H.V.C. llevó a una niña, en ese entonces de 6 años de edad, al sector de la ribera del río en la comuna de Tierra Amarilla, donde en reiteradas ocasiones efectuó tocaciones en sus partes íntimas.

Asimismo, entre los años 2018 y 2020, en el interior de un domicilio de la comuna de Tierra Amarilla, el imputado en reiteradas oportunidades realizó tocaciones a otra niña, de entre 10 y 12 años de edad en ese entonces.

Finalmente, durante el año 2017, en el interior del mismo domicilio de la comuna de Tierra Amarilla, C.H.V.C. en reiteradas oportunidades efectuó tocaciones en zonas íntimas a una tercera víctima, de entre 12 y 13 años de edad en aquella época.

El tribunal impuso al condenado la pena de interdicción al derecho de ejercer la guarda y ser oído como pariente en los casos que la ley designa; la sujeción a la vigilancia de la autoridad durante los 10 años siguientes al cumplimiento de la pena principal y la inhabilitación absoluta perpetua para cargos, empleos, oficios o profesiones ejercidos en ámbitos educacionales o que involucren una relación directa y habitual con menores de edad.

Una vez que el fallo quede ejecutoriado, el tribunal dispuso que se proceda a la toma de muestras biológicas del sentenciado para determinar su huella genética e inclusión en el registro nacional de ADN de condenados.

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