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La noche del miércoles 15 de junio, causó conmoción el violento homicidio de Aníbal Cortés, de 70 años, dueño de un almacén ubicado en calle Tarapacá, en el sector de Tierras Blancas, de la comuna de Coquimbo. La víctima, recibió una serie de puñaladas con un arma cortopunzante mientras cerraba su negocio.

De acuerdo a la declaración de la hija del hombre asesinado, fue un solitario sujeto el que ingresó al local de su padre, para luego atacar a la víctima y, posteriormente arremeter en su contra. Tras golpearla, logró robar 10 millones de pesos que Aníbal Cortés mantenía en un lugar específico del domicilio, además de sustraer un equipo DVR que almacenaba todo el registro y evidencias de las cámaras de seguridad.

Éste era el relato que la PDI manejaba en las primeras diligencias.

Sin embargo, todo cambió. Ya que, al pasar las horas, el subprefecto José Cáceres, jefe de la Brigada de Homicidios de la PDI, indicó que la mujer de 24 años, identificada como A.I.C.C. comenzó a ser vista con otros ojos: como la presunta autora de un delito de parricidio, el que cometió junto a su pareja, un hombre de nacionalidad venezolana en situación irregular.

 

 

Tras la audiencia de formalización, donde se estableció la medida cautelar de prisión preventiva, el fiscal jefe de Coquimbo, Claudio Correa, señaló que se están investigando cuáles serían los móviles de parricidio formalizado a mujer y homicidio calificado formalizado a hombre contra comerciante de almacén en Tierras Blancas.

 

 

El Juzgado de Garantía de Coquimbo dejó sujeto a la medida cautelar de prisión preventiva a A.I.C.C. y A.M.C.D., imputados por el Ministerio Público como autores de los delitos consumados de parricidio y homicidio, respectivamente. Ilícito perpetrado el miércoles recién pasado, en la comuna.

En la audiencia de formalización, el magistrado Cristóbal Geldun Mansilla ordenó el ingreso de A.I.C.C. y A.M.C.D. al Complejo Penitenciario de Huachalalume, por considerar que la libertad de los imputados constituye un peligro para la seguridad de la sociedad. Además, fijó en 90 días el plazo de investigación.

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